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4. PROGRAMAS DE ACCIÓN
PARA LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
La Convención de
Lucha contra la Desertificación se pone en
práctica mediante programas de acción
nacionales (PAN). Se espera que los países
Partes desarrollados y los países Partes afectados
consulten acerca de sus respectivos cometidos de apoyo
a esos programas, gracias a lo cual se podría
conseguir una gestión más cabal, integrada
y participativa de los recursos naturales en los ecosistemas
de las tierras secas. Una vez que se ha realizado
un esfuerzo importante para definir un programa marco,
la solidaridad internacional podrían facilitar
la puesta en marcha de determinados proyectos y actividades
con arreglo a las políticas acordadas, de manera
efectiva y sin crear una carga transaccional excesiva.
Dado que los programas deben adaptarse a las circunstancias
regionales, la mayoría de las necesidades específicas
están descritas en los cinco anexos de aplicación
regional para África, Asia, América
Latina y el Caribe, Mediterráneo norte, y Europa
central y oriental. A marzo de 2002, se habían
preparado y adoptado 50 Programas de Acción
Nacional. Estos instrumentos están considerados
como referencias básicas para un proceso continuado
de planificación de la reducción de
la pobreza y de desarrollo sostenible de las tierras
secas.
Los esfuerzos de lucha
contra la desertificación deberían integrarse
plenamente en el marco de otros programas de desarrollo.
La inversión del proceso de degradación
de la tierra y la atenuación de la pobreza
son tareas paralelas. Ambas conllevan una mejora de
la seguridad de los alimentos, la educación
y formación de la población, el fortalecimiento
de la capacidad de las comunidades locales, y la movilización
de organizaciones no gubernamentales. Análogamente,
dado que la desertificación afecta y resulta
afectada por problemas medioambientales tales como
la pérdida de diversidad biológica y
el cambio climático, los PAN deberían
tener una gran capacidad para promover sinergias con
otros programas que se dediquen a esos temas. Sin
embargo, la mejora de los datos a nivel nacional y
un mayor reconocimiento de los PAN no han evidenciado
aún plenamente ese potencial en forma de iniciativas
concretas. Las Partes han sugerido que se celebren
talleres nacionales en los que intervengan los coordinadores
de las tres Convenciones, a fin de facilitar aún
más la puesta en práctica de programas
de trabajo conjunto.
Los programas esbozan estrategias
a largo plazo, y se formulan con la participación
activa de las comunidades locales. Éstas
son esenciales para aportar el concepto de propiedad
y de continuidad en la planificación a largo
plazo. Ese proceso participativo permite a los gobiernos
coordinar y administrar sus recursos con mayor eficacia,
al tiempo que hacen frente a las causas socioeconómicas
subyacentes de la desertificación. En este
tipo de planteamientos se presta especial atención
a las medidas preventivas y se alienta un sentido
del compromiso en favor de unas prácticas sostenibles
entre las personas que más dependen de la tierra.
Los programas deberían ser suficientemente
flexibles para dar cabida a nuevas iniciativas y a
adaptaciones locales en función de las circunstancias.
En muchos casos, el fortalecimiento de las capacidades
de los actores clave a nivel local ha permitido identificar
y abordar problemas vinculados a la toma de decisiones
con respecto a la gestión de los recursos naturales.
La inexistencia de una sociedad civil sólida
en otros Estados afectados, sin embargo, sigue siendo
un inconveniente a la hora de asegurar la participación
de las personas en el proceso normal de formulación
y aplicación de políticas.
Los PAN especifican también
las medidas prácticas que habría que
adoptar, así como los compromisos de los gobiernos
nacionales por crear un "entorno popicio".
Algunas medidas específicas que podrían
mejorar el entorno económico serían
la creación de instrumentos financieros adecuados
a las necesidades locales, o la introducción
de cultivos resistentes a la sequía. Otras
medidas podrían consistir en la promoción
de actividades de investigaciones, planes para la
eventualidad de sequías, y sistemas de alerta
temprana mejorados. Los gobiernos nacionales, por
su parte, pueden comprometerse a eliminar obstáculos
y proporcionar apoyo promulgando nuevas leyes o reforzando
la legislación existente y adoptando políticas
que alienten el desarrollo sostenible, como la sustitución
de la leña por otras fuentes de energía.
Parte del presupuesto nacional deberá consignarse
claramente para realizar esfuerzos de lucha contra
la desertificación y la sequía a tenor
de las condiciones y capacidades locales, pero se
espera también que los PAN movilicen un volumen
importante de recursos financieros provenientes de
fuentes externas. La falta de unos recursos y de una
financiación predecibles para los programas
ha ralentizado y obstaculizado la puesta en práctica
de ciertos PAN. A medida que las Partes pasan de la
fase de preparación de programas a la de aplicación,
se hace muy necesario establecer un mecanismo nacional
para movilizar un apoyo internacional al PAN en los
países Partes afectados.
Los programas de acción
subregionales y regionales (PASR y PAR) pueden ayudar
a armonizar y a reforzar los programas nacionales.
Éstos se definen mediante consultas entre los
países afectados de cada región (por
ejemplo, África) y subregión (por ejemplo,
el África occidental). Además de potenciar
la eficacia de los programas nacionales, los PASR
y PAR pueden promover programas conjuntos de gestión
sostenible de ríos compartidos y de otros ecosistemas
transfronterizos. Las Redes de Programas Temáticos,
que suelen constituir los principales elementos de
los programas de acción regionales, generan
efectos secundarios en las actividades de ámbito
nacional, como la gestión del agua, la agrosilvicultura
y la vigilancia, y forjan las capacidades científicas
y técnicas de cada país. Podrían
ayudar a difundir el conocimiento de tecnologías
apropiadas y de prácticas adecuadas. A marzo
de 2002, se habían puesto en marcha siete programas
de acción subregionales y tres regionales.
Una evaluación total
realizada por las Partes en 2000 y 2001 puso de relieve
la posibilidad de duplicar las mejores prácticas
y los éxitos. Las actividades y resultados
fructíferos de los programas consistían,
en particular, en una contribución a un planteamiento
más integrado que vinculara los marcos de desarrollo
nacionales y la conservación de las tierras
secas, el fortalecimiento de las relaciones entre
los gobiernos y las comunidades locales, especialmente
en los países más grandes, la participación
descentralizada de partes interesadas y de usuarios
finales de recursos naturales en el proceso de desarrollo
para toda una serie de programas de mayor aliento
que el de la Convención, con la ayuda de mecanismos
consultivos a nivel regional y local, la creación
de sistemas de información nacionales sobre
la desertificación para mejorar el flujo de
información entre todas las partes intervinientes,
y la iniciativa privada, la movilización social
y la aplicación de tecnologías apropiadas,
como el riego por goteo, el acondicionamiento de suelos,
la producción de cultivos hidropónicos
y los proyectos de ecoturismo.
Las Partes señalaron
que la integración de políticas de desarrollo
sostenible en las políticas económicas
es una aspiración que habría que conseguir.
Resaltaron la urgente necesidad de una cooperación
interministerial y de integrar programas de acción
en las estrategias de desarrollo para abordar el problema
de manera englobadora y evitando la duplicación.
Dado que los PAN inciden en muy diversos sectores
del desarrollo, como la agricultura, la silvicultura
o la gestión del agua, los PAN han alentado
en ocasiones la cooperación interministerial
y han orientado la atención hacia la tenencia
inapropiada de la tierra, o ciertas prácticas
que no conducen a un uso sostenible de las tierras.
Además, las Partes pidieron la incorporación
de medidas relativas a la Convención en las
negociaciones bilaterales y multilaterales.
Secciones pertinentes de
la Convención: Artículos
4, 5,
8,
9,
10,
y 11;
y artículos 4,
8,
y 9
del Anexo de aplicación regional para África.
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