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1. INTRODUCCIÓN A
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
La Convención ofrece
nuevas esperanzas para luchar contra la desertificación.
En los últimos dos decenios el problema de
la degradación de tierras en las regiones de
tierras secas ha seguido empeorando. La Convención
promueve un nuevo método para gestionar los
ecosistemas de tierras secas y, lo que tiene igual
importancia, administrar las aportaciones de ayuda
al desarrollo.
La desertificación
está causada por la variabilidad climática
y por las actividades humanas. En el pasado
las tierras secas se recuperaban con facilidad después
de sequías y períodos secos prolongados;
sin embargo, en las circunstancias actuales de la
vida moderna, a menos de que se gestionen de forma
sostenible, las tierras secas tienden a perder rápidamente
su productividad biológica y económica.
En la actualidad, las tierras secas de todos los continentes
se están degradando como consecuencia del sobrecultivo,
el pastoreo excesivo, la deforestación, y las
prácticas inadecuadas de riego, y esa explotación
excesiva obedece generalmente a causas económicas
y sociales, a la ignorancia, a las guerras y a las
sequías. (Véase
la ficha informativa 2.)
La desertificación
socava la productividad de la tierra y contribuye
al aumento de la pobreza. Las primeras víctimas
de la desertificación son los recursos básicos
(por ejemplo, la superficie fértil de la tierra,
el manto vegetal, y los cultivos sanos). Los habitantes
mismos empiezan a sufrir las consecuencias cuando
los suministros de alimentos y agua comienzan a escasear,
y en los casos extremos experimentan hambrunas, migraciones
en masa y pérdidas económicas ingentes.
Más de 250 millones de personas se hallan directamente
afectadas por la desertificación, y alrededor
de 1.000 millones están amenazadas por ella.
(Véase
la ficha informativa 3.)
La Convención de
Lucha contra la Desertificación se está
aplicando mediante la adopción de programas
de acción. Estos programas, que son
el principio motor de la Convención, abordan
a nivel nacional las causas fundamentales de la desertificación
y la sequía, y determinan las medidas que será
necesario adoptar para impedir que ocurran e invertir
la tendencia. Los programas nacionales se pueden complementar
con programas a nivel subregional y regional, en particular
cuando se trate de recursos transfronterizos como
lagos y ríos. Los programas de acción
se detallan en los cinco anexos de aplicación
regional a la Convención, a saber, para África,
Asia, América Latina y el Caribe, el Mediterráneo
norte, y Europa central y oriental.
(Véase
la ficha informativa 4.)
La Convención promete
reorganizar en forma tangible el proceso de ayuda
internacional. La Convención procura
impulsar la participación de países
y organismos donantes y naciones beneficiarias dentro
de un nuevo marco de asociación. Los papeles
respectivos de donantes y beneficiarios se definen
en acuerdos de asociación concertados mediante
un proceso consultivo. El objetivo que se persigue
es garantizar una mejor coordinación de los
programas de financiación; velar por que la
adjudicación de los recursos financieros se
base en las necesidades de los países afectados;
que los donantes puedan cerciorarse de que sus fondos
se empleen correctamente; y que los destinatarios
obtengan el mayor beneficio posible de los recursos
disponibles. (Véase
la ficha informativa 5.)
Otro cambio radical es
la importancia que la Convención da a un método
"de abajo hacia arriba" con una amplia participación
local en la toma de decisiones. Tradicionalmente,
las comunidades locales han sido participantes relativamente
pasivos en los proyectos de desarrollo; ahora la Convención
los pone en un plano de igualdad con otros actores
en el proceso de desarrollo. Las comunidades y sus
autoridades, así como organizaciones no gubernamentales,
expertos y funcionarios de gobierno, trabajan en forma
mancomunada en la formulación de los programas
de acción. Para que este innovador y complicado
proceso funcione, puede ser necesario organizar campañas
de sensibilización a fin de informar al público
de las nuevas oportunidades que ofrece la Convención.
(Véase
la ficha informativa 6.)
La ciencia y la tecnología
son elementos vitales en la lucha contra la desertificación.
El Comité de Ciencia y Tecnología, establecido
en el marco de la Convención, promueve la cooperación
tecnológica y científica entre instituciones
nacionales, subregionales y regionales mediante la
recopilación de datos, el análisis y
el examen, así como la aportación de
conocimientos y de asesoramiento científico
al día. La degradación de tierras puede
minimizarse tanto con las tecnologías nuevas
como con las tradicionales, desde la vigilancia por
satélite hasta el abancalamiento de laderas
escarpadas. La ciencia y la tecnología deben
satisfacer las necesidades reales de las personas,
y la Convención alienta a los investigadores
de todo el mundo a unir sus aptitudes con este cometido.
(Véase
la ficha informativa 7.)
Los recursos financieros
han de encauzarse e invertirse de forma más
eficaz. La mayor parte de la financiación
se obtiene en los propios países afectados,
pero los programas bilaterales de asistencia y los
organismos internacionales también aportan
sumas considerables. Se ha establecido un mecanismo
mundial con objeto de fomentar la movilización
de recursos financieros, y se alentará asimismo
a la búsqueda de fuentes de financiamiento
innovadoras, incluidos los canjes de deuda y la financiación
del sector privado. Además, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, dotado de miles de millones
de dólares, está considerando la posibilidad
de incluir la degradación de las tierras (desforestación
y desertificación) en su lista de áreas
de atención (en la actualidad, cuatro: diversidad
biológica, cambio climático, aguas internacionales
y agotamiento del ozono). (Véase
la ficha informativa 8.)
La Convención crea
un número de instituciones y procedimientos
para orientar la acción internacional.
La Convención entró en vigor el 26 de
diciembre de 1996, tres meses después de su
quincuagésima ratificación. A enero
de 2002, la habían ratificado o se habían
adherido a ella 178 países, más la Unión
Europea. El órgano supremo de la Convención
es la Conferencia de las Partes (CP), que incorpora
a los gobiernos que la han ratificado y a las organizaciones
de integración económica regional. Para
su labor, cuenta con la asistencia de dos órganos
subsidiarios, un Comité de Ciencia y Tecnología,
y un Comité de examen de la aplicación
de la Convención. Hasta el año 2001,
la CP celebró cinco períodos de sesiones,
el primero de los cuales tuvo lugar en Roma en octubre
de 1997. La CP seguirá reuniéndose bienalmente
en el futuro.
(Véase
la ficha informativa 9.)
La desertificación
es ante todo un problema de desarrollo sostenible.
Es una cuestión de pobreza y bienestar humano,
así como de preservación del medio ambiente.
Los problemas sociales y económicos, como la
seguridad de los alimentos, las migraciones y la estabilidad
política, están estrechamente relacionados
con la degradación de tierras y la sequía.
Lo mismo cabe decir de otras cuestiones ambientales,
como el cambio climático, la pérdida
de diversidad biológica y el abastecimiento
de agua dulce. La Convención pone de relieve
la necesidad de coordinar con estos problemas conexos
los esfuerzos de investigación y los programas
de acción en la lucha contra la desertificación.
(Véase
la ficha informativa 10.)
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